Ente transparente

Tenemos uno de los sistemas de salud más eficientes (capacidad de respuesta para el mantenimiento de los niveles de salud con relación a los costes destinados a ello) y que supone uno de los menores gastos respecto al PIB entre los países desarrollados. Contamos con colectivos profesionales de la medicina, enfermería y otros, altamente cualificados, con una de las carteras de servicios más amplias, de gran calidad y con un buen sistema de garantías de salud pública colectiva. Nuestro sistema nacional de salud es excelentemente valorado por la ciudadanía y supone quizás el mayor mecanismo de solidaridad y redistribución que nuestra sociedad ha desarrollado. Lo pagamos entre todos vía impuestos y todos nos beneficiamos de las acciones tradicionales de salud pública y de los recursos asistenciales, que, abiertos a todos, son utilizados fundamentalmente por las poblaciones que más los requieren: mayores, población materno-infantil (creando un potente mecanismo de solidaridad intergeneracional) y las personas enfermas (solidaridad según situación de salud en este caso).

No obstante, el sistema de salud presenta ineficiencias y es responsabilidad de todas las personas implicadas (profesionales, gerentes, políticos sectoriales y ciudadanía) detectarlas y buscar los mecanismos de ajuste que permitan hacerlas mínimas. Ahora, en situación de crisis, y siempre (conciertos, uso de tecnología inapropiada, medicina defensiva, duplicidades, falta de tiempo para la atención adecuada en atención primaria, medicalización excesiva, no generación de economías de escala, distribución inadecuada de horarios y personal,entre otras).

El sistema de salud genera déficit sistemático por su insuficiente financiación y es ahí hacia donde se deben orientar las políticas de sostenibilidad. No es cierto que puedan introducirse mejoras en su eficiencia global generando a la vez beneficios para los accionistas de las empresas privadas. Toda la evidencia disponible juega en contra, pero… ¿A quién le importan los datos?

Humanism contended that contrary to received wisdom, formed and sustained under the shadow of St Augustine, human corruption was not total. Humans could make meaningful choices about their lives and destiny. They could be genuinely virtuous. Human dignity lay not so much in the possession of an immortal soul as in the capacity for and exercise of freedom. Fortune (which could be influenced) as opposed to Providence (which could not) became the presiding genius. Humans were made for excellence. All this was achieved within a thoroughly Christian framework. Embracing ideas of dignity, freedom and excellence did not entail rejecting Christianity, merely the Augustinian flavour of it to which most people had become accustomed.

It did, however, involve a different attitude to the world, to work and, most noticeably, to education. This was partly in who should be taught: now all gentlemen would benefit from studying, not just those destined for the church.

The Prince stands firmly within this tradition.

If you had a leak in your roof or in the kitchen or basement, you’d probably think it a good idea to have it taken care of before matters got worse, and more expensive. If only we had the same attitude when it comes to the vast and intricately linked water systems in the United States. Most of us take clean and readily available water for granted. But the truth is that the nation’s water systems are in sorry shape, deteriorating even as the population grows and demand increases.

If this were a first-class society we would rebuild our water systems to the point where they would be the envy of the world, and that would bolster the economy in the bargain. But that would take maturity and vision and effort and sacrifice, all of which are in dismayingly short supply right now.

Millions of jobs would be created if we could bring ourselves to stop fighting mindless wars and use some of those squandered billions to bring the nation’s infrastructure in the broadest sense up to 21st-century standards.

The need is tremendous. The nation’s network of water systems was right at the bottom of the latest infrastructure grades handed out by the American Society of Civil Engineers, receiving a D-minus. There’s a lot of evidence that people are getting sick. But because everything is out of sight, no one really understands how bad things have become.

El número de alumnos de Bachillerato en los institutos públicos españoles creció en 18.862 el año pasado; y en los colegios privados, en 93. Después de una década en la que la escuela privada iba ganando terreno año a año en esta etapa.

La ecuación es la siguiente: la crisis, entre otras cosas, empuja a más estudiantes a seguir su formación y, como en la pública es gratis, el aumento se concentra ahí. Sobre todo teniendo en cuenta que el Bachillerato solo está subvencionado de forma general en los colegios privados concertados en cuatro comunidades (Comunidad Valenciana, País Vasco, Navarra y Baleares) y que, en el resto, solo lo está en un puñado de centros a los que se les aceptó en los ochenta como un derecho adquirido.

Por ejemplo, en Madrid, la mensualidad que debe pagar un alumno de Bachillerato en un privado concertado hasta esa etapa es de unos 300 ó 350 euros.

En general, el 67,6% de los alumnos de todas las enseñanzas no universitarias, desde infantil hasta FP, estudió el curso pasado en la pública, tres décimas más que el año anterior.

Los primeros alcaldes de la democracia ya exigían al Gobierno a finales de los años setenta que se hiciera cargo de la deuda municipal. Pero si entonces las corporaciones locales debían a las contratas de limpieza, recogida de basuras y otros servicios medioambientales lo que hoy equivaldría a unos 150 millones de euros, la cantidad ascendía el pasado marzo a 3.425 millones de euros.

Muchos municipios, asfixiados por la falta de fondos, han renegociado los cánones que pagan a las empresas. Un ejemplo destacado es el de Madrid, que ha reducido en un 15% la factura que paga a FCC por la recogida de basuras. Las empresas devuelven el golpe ofertando menos servicios y, en algunos casos, prescindiendo de trabajadores. Además, la sequía en los mercados internacionales de crédito dificulta que los grandes grupos obtengan la financiación necesaria para disimular este agujero en sus cuentas.

La morosidad es una lacra de las administraciones públicas españolas que no tiene parangón en ningún país europeo. Solo se podría acercar Italia. Ha sido siempre alta, pero con la crisis ha aumentado un 20%. La diferencia entre Ayuntamientos es abismal. Es prácticamente inexistente en Navarra y País Vasco. Y Cataluña tiene unas tasas de morosidad aceptables. Pero en el extremo opuesto aparecen los municipios del sur y el levante. Andalucía tarda en pagar una media de año y medio; y Madrid, casi nueve meses. Por el peso económico de la capital, este retraso tiene una importancia brutal.

Las medidas legales ante las negativas del Ayuntamiento a pagar resultan ineficaces. Y la duración de los pleitos y demandas contra los deudores reclamando los intereses de demora hacen ineficaces las reclamaciones.

Los Ayuntamientos asumieron con naturalidad durante los años de vacas gordas que los ingresos que les proporcionaba el sector inmobiliario durarían para siempre, en lugar de considerarlos como ingresos extraordinarios. Pero con el crash del ladrillo, esta fuente de financiación, que en algunos municipios alcanzó hasta el 40% o el 50% del total de ingresos, se desplomó. Lo que arrastró a empresas pequeñas, medianas y grandes, incapaces de asumir unos impagos tan elevados. “Nuestro trabajo ha cambiado totalmente. Antes nos preocupábamos de buscar clientes y ofrecerles los mejores servicios. Ahora la mayor parte del tiempo lo consumimos gestionando los cobros”, admite un trabajador de un gran grupo constructor. “Es muy injusto. Ahora que los ingresos de los Ayuntamientos se han desplomado, nos hemos convertido en una vía de financiación fácil para ellos. Y actúan desde la mayor impunidad, porque son inembargables. Si un ciudadano deja de pagar su hipoteca, tiene sus consecuencias. Pero eso no ocurre cuando eres una administración pública”.

Que la sanidad pública española es universal es un mito. No todos los españoles están amparados por el sistema. El tan mencionado derecho a la atención sanitaria tiene un agujero en su cobertura que afecta a entre 90.000 y 180.000 personas, según el Ministerio de Sanidad. Una cifra que, sin embargo, algunos expertos elevan hasta las 300.000.

El problema afecta fundamentalmente a cuatro colectivos: parados que han dejado de percibir el subsidio de desempleo y que tienen algún tipo de renta, españoles que han vivido en países del extranjero sin convenio sanitario con España y que tienen recursos económicos, personas que nunca han trabajado y disponen de alguna renta, y trabajadores liberales incluidos en colegios profesionales que no están integrados en el régimen especial de autónomos.

El problema fundamental es para todos aquellos que sí tienen algo. Aunque no sea mucho. Su renta patrimonial supera el doble del Indicador Público de Rentas Múltiples (unos 1.000 euros mensuales).

universalizar de manera real el derecho a asistencia médica era el primer punto del pacto por la sanidad al que llegaron los partidos en marzo, el único acuerdo al que se ha conseguido llegar en esta legislatura. El Gobierno prepara ya una normativa con rango de ley para lograrlo.

Son mediocres, incompetentes, cínicos, mentirosos, aprovechados, manipuladores, corruptos. Cuando no son sus causantes, los políticos se muestran incapaces de resolver la crisis económica, la inseguridad ciudadana, la decadencia crónica de la agricultura, la extensión del paro, las listas de espera de la sanidad, la baja calidad de la educación, la degradación medioambiental. Aparece como una rémora perjudicial para el bienestar de sus conciudadanos. En algunos países, el “que se vayan todos” ha sido el grito resumido de este estado de ánimo. ¿Es una reacción fundada? ¿Cuáles son sus motivos? La ciudadanía se aleja cada vez más de una dinámica institucional muy profesionalizada que monopolizan -cada uno a su modo- políticos de dedicación exclusiva y periodistas que les siguen como su sombra. Convertir la política en un modus vivendi vitalicio entreabre una puerta al corporativismo, la rutina o la corrupción de mayor o menor cuantía. Pero también los ciudadanos de los países más desarrollados tienden a dimitir de sus responsabilidades colectivas. Están sometidos a la presión publicitaria que promueve un estilo de vida donde el bienestar personal pasa por delante de cualquier otro objetivo. La disposición a la cooperación para fines comunes disminuye. Si apenas se admiten los sacrificios y privaciones que exige la búsqueda de la prosperidad individual, mucho menos aceptables aparecen las renuncias y las privaciones que reclama la entrega desinteresada al bien público. Si el valor de la cosa pública cotiza a la baja, se debe a décadas de hegemonía ideológica de cierta visión sobre las relaciones sociales. En versión vulgar, se cifró en frases rotundas: “la sociedad no existe”, “la política no es la solución: es el problema”. La doctrina tuvo éxito. Hasta la crisis de 2008, al menos. Durante más de 30 años orientó a entusiastas políticos de derecha y a adaptables políticos de izquierda. La política y lo público se convirtieron en sinónimos de ineficiencia, despilfarro o corrupción. El mercado y lo privado aparecieron como la receta salvadora: privatización de sectores estratégicos, externalización de servicios públicos, aparición de agencias ejecutivas “despolitizadas”, desregulación de actividades de impacto social. De este modo, los propios políticos alimentaron la desconfianza hacia su misma tarea. Dieron a entender que su papel y el papel de los empleados públicos eran cada vez más prescindibles, cuando no perjudiciales. Persuadieron a buena parte de la ciudadanía de que la política que ellos encarnaban era superflua o nociva para el progreso social. Y la ciudadanía les correspondió lógicamente con un desprestigio sin matices de la política y de lo político. Una determinada idea de la globalización se convierte en la coartada resignada para reducir el espacio político. Porque los límites del juego vienen marcados “desde fuera”. La disputa política no se plantea, pues, sobre programas sustantivos que apenas se distinguen entre sí. Si no hay diferencias y “todos son iguales” -no sólo los políticos, sino también sus programas-, ¿cómo podrá estimularse algún interés por lo político? El único estímulo será el fabricado por el marketing, encargado de suministrar envoltorios diferentes para disimular propuestas similares. El énfasis sobre la calidad del “liderazgo” enmascara la irrelevancia del rumbo que un presunto líder debería fijar. Sólo hay un “piloto automático” teledirigido por la globalización.

Es preocupante que los políticos aparezcan entre los grandes problemas percibidos por la opinión. Porque el rechazo total a la política y a los políticos somete la sociedad a la ruda ley del más fuerte.