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Publicado hace 3 años

si nos detenemos en la acción de gobierno, las diferencias entre izquierda y derecha siguen siendo relevantes. Incluso en escenarios tan adversos como la Europa de los 90, donde los Gobiernos estaban limitados por el Tratado de Maastricht y la crisis económica, las diferencias en el gasto público siguieron siendo relevantes. Los partidos progresistas hicieron mayores esfuerzos en inversión de capital fijo y humano que los Gobiernos conservadores. Es decir, las políticas de ajuste son bastante distintas si las lleva a cabo la izquierda que si las implanta la derecha.

La realidad ha cambiado y eso le va a exigir enfrentarse al futuro con un nuevo relato. Muchos de estos cambios no son propios de un solo país, sino que son compartidos por las democracias desarrolladas.

El primero de ellos es político. Una izquierda que aspire a defender a los ciudadanos no puede permitir que las democracias sean cada vez menos democráticas. Un ejemplo de este retroceso es la creación de instituciones contramayoritarias. Estas se caracterizan por tener un “dudoso” origen democrático, puesto que sus miembros no son elegidos directamente por los ciudadanos. Además, sus integrantes tienen un mandato temporal superior al de los políticos que les eligieron, con el fin de que no respondan a los ciclos políticos. Estas instituciones son muy influyentes en nuestras vidas y deciden cosas tan importantes como la política monetaria en el caso de los bancos centrales, la legalidad en el del Tribunal Supremo o la constitucionalidad de nuestras leyes en el del tribunal correspondiente. La izquierda debería aspirar a limitar el poder de estas instituciones y, en la medida de que fuese posible, reforzar el poder de los Parlamentos.

Y esto nos conduce al segundo reto: la gestión de la economía. Deberíamos caminar hacia un modelo de desarrollo económico que no se reduzca a un juego de suma cero, donde lo que unos ganan, los otros lo pierden -por ejemplo, en eso consisten las operaciones financieras en corto y a la baja-. Para ello debería diseñarse un sistema de incentivos que penalice los malos comportamientos, por ejemplo con una tasa impositiva sobre movimientos especulativos, y premie los buenos. Además, es necesario controlar a los controladores. ¿Por qué no otorgar calificaciones a las agencias de calificación?

El tercer y último reto se enmarca en la sociedad. Los parámetros sobre los que se construyó el Estado de bienestar han cambiado. Los ingresos no son infinitos y, como se ha señalado, entre los rasgos definitorios de la izquierda está su mayor preocupación por el gasto productivo -capital físico y humano-. Por lo tanto, no puede destinar todo el gasto público a política social. En primer lugar, primar los componentes redistributivos de la política social frente aquellos que son regresivos. Es decir, no todo gasto social transfiere renta hacia las clases bajas y, en algunas políticas, las clases altas son mucho más beneficiadas -el gasto en educación superior, por ejemplo-. En segundo lugar, es un cambio de filosofía. El futuro Estado de bienestar debería tratar de adelantarse a los problemas sociales y preparar más que reparar.

Como ha hecho siempre, cuando la realidad cambia, la izquierda también cambia.