Ente transparente

La subida de rentas del capital molestará a la clase media alta, e incluso muy alta, que siempre mimó el PP, a quienes Rajoy llamaba “los ahorradores” cuando Zapatero les subía —mucho menos que ahora— los impuestos. Pero a cambio iba a lograr un mensaje para los trabajadores: las rentas del capital también están afectadas. Claro que al final el dinero de verdad, dos tercios del total, sale de las rentas del trabajo. Y no se toca el de sociedades, donde tributa realmente la gente que tiene dinero. Pero el mensaje está ahí, y se puede repetir a partir de ahora con un martilleo constante en todo el entorno del Gobierno: “pagan más los que más tienen”.

Por eso, el PP decidió medir y hacer mucha política, estrategia. Toda la que les faltó, según critican muchos dirigentes socialistas, a Zapatero y Elena Salgado en mayo de 2010, cuando aprobaron congelar las pensiones —salvo las mínimas—, bajar sueldos de funcionarios y quitar los 400 euros de descuento del IRPF sin compensarlo con subidas a las rentas altas ni nada parecido. Y sin explicarlo. El PP ha hecho varias apuestas arriesgadas de corte socialdemócrata a las que Zapatero y Salgado no se atrevieron, en especial una subida muy importante a las rentas del capital o el IBI.

Germany, France and the rest of the eurozone’s core are growing, but buoyant German exports are fuelling the imbalances between the EU’s surplus and deficit countries. This, coupled with a lack of bank lending to businesses and households, has led to a situation where banking conglomerates are using public money – thanks to taxpayer-funded bail-outs and central bank quantitative easing – for pay increases and speculative profits. This is enriching institutional shareholders and the top management while starving the real economy of funds for consumption and investment. At a time when both investors and consumers are losing confidence in the recovery, swingeing cuts in public spending across Europe and higher consumer taxes are putting a ceiling on economic growth.

But the real debate is different. Instead of focusing on austerity, what the EU needs is an investment strategy that fosters growth and employment. First, EU leaders should modify the composition of the €140bn union budget, away from wasteful expenditure towards productive activities. The common agriculture policy – accounting for over 40% of total resources – should not subsidise agricultural prices, which fuels excess production and hurts developing countries. Rather, it should support investment in smallholding farms and farming cooperatives. Other examples include the channelling of regional and structural funds as well as education and R&D expenditure into projects with revenue streams in excess of funding costs.

Second, the 27 member-states could expand the remit and funds of the European Investment Bank by underwriting increased lending. This could be used for infrastructure and other investment projects that yield a higher monetary return than the borrowing costs.

Third, the EU as a whole must also tackle private sector imbalances, starting with tough penalties for banks that use public money for bonuses and boardroom pay rises instead of lending to cash-strapped small- and medium businesses and households. The union should also consider a financial transaction tax.

Nouriel Roubini es uno de los pocos que fueron capaces de anticipar esta crisis (y otras muchas que nunca llegaron a materializarse, por cierto). Polémico, poco querido en Wall Street, visionario y tremendamente pesimista -apodado Doctor Catástrofe con toda justicia-, durante años sus colegas le tildaron de loco, de agorero recalcitrante, de profeta con ínfulas. Pero acertó. Pronosticó la secuencia exacta de las mutaciones de la crisis desde el inicio.

Y acaba de publicar un libro excelente, Cómo salimos de ésta (Destino), en el que ajusta cuentas con los cegatos y disecciona la crisis y lo que está por venir. ¿Adivinan? Bingo: más problemas.

“Vienen años de bajo crecimiento económico por muy bien que salgan las excepcionales y en ocasiones insólitas medidas de política fiscal y monetaria que se han puesto en marcha. Vienen años dolorosos por la resaca del alto endeudamiento público y privado en el mundo rico. La buena noticia es que podemos evitar una recaída en la recesión. La mala es que no se puede hacer mucho más que eso”, asegura a modo de diagnóstico general. “Las crisis son animales de costumbres. Se parecen a los huracanes: actúan de manera relativamente previsible, pero pueden cambiar de dirección, amainar e incluso resurgir sin avisar. Esta fue primero una crisis financiera muy modesta, después mutó en crisis económica, más tarde fue crisis fiscal y ahora es crisis de divisas. Y esto no ha terminado: estamos justo antes de la siguiente etapa, ahora viene cuando en muchos de los países más castigados la deuda privada se convierte en deuda pública y resurgen los problemas fiscales”.

Otros muchos también acertaron: “Robert Shiller o Kenneth Rogoff, por ejemplo, pronosticaron algo parecido en varios trabajos. La diferencia es que la prensa amplificó el acierto de Roubini. La mayoría de los expertos consultados para este reportaje critica el trabajo de Roubini, la mayoría de ellos con la condición del anonimato. “Exagera a menudo, al menos en público”. Y sin embargo, se le escucha. Un alto funcionario del FMI contaba hace unos días que en primavera de 2007, cuando nadie veía problemas, el director de Asuntos Monetarios del FMI, Jaime Caruana, citaba ya a Roubini y aseguraba que el gurú ya le había puesto cifras al agujero de la banca: un billón de dólares, poco más o menos la misma estimación que hizo inicialmente el FMI pero con varios meses de retraso.

La crisis va por barrios: “Estados Unidos está algo mejor que Europa; y la periferia de Europa peor que el centro. Y aún dentro de Europa, Grecia y algunos países del Este están peor que Irlanda y Portugal, y esos dos países tienen más problemas que España”, dispara.

Sus prescripciones son distintas en unos y otros casos. “Estados Unidos tiene margen para un segundo estímulo como el que propone Obama. Y su banco central está haciendo los deberes. Pero a la larga no podrá mantener su déficit fiscal: los riesgos se acumulan, y las presiones sobre el dólar dejan una especie de equilibrio del terror financiero. Estados Unidos devalúa su moneda con la política monetaria y los países emergentes, empezando por China, siguen comprando bonos estadounidenses e impiden así que el dólar baje más. Hay un riesgo de crisis del dólar. Pero no veo que eso vaya a ocurrir a corto plazo”.

Para Europa, ve más dificultades. Una década perdida a la japonesa o incluso algo peor: una espiral parecida a la que sufrió Argentina en 2001. “A pesar del plan de rescate anunciado, a pesar de las ayudas a Grecia y a pesar de las pruebas de esfuerzo a la banca, la deuda de los países periféricos sigue presentando problemas. Y el crecimiento en Europa, especialmente Portugal, Italia, Grecia y España, va a ser muy bajo e incluso negativo. El panorama asusta. Con esas deudas tan altas y con los planes de austeridad, la deflación es un riesgo serio. Y en esa tesitura, países como Grecia van a tener que reestructurar su deuda, y eso generará una nueva crisis fiscal: ya no es una cuestión de si va a ocurrir, sino solo de cuándo”. Roubini considera que tanto el Banco Central Europeo como Alemania están usando políticas equivocadas, por decirlo de forma suave. “La tozudez del BCE, que se empeña en ver fantasmas de inflación, es un desastre para Europa y en particular para los países periféricos. El euro se ha ido por las nubes por la negativa del BCE a dar pasos en la compra de bonos parecidos a los de la Reserva Federal. Como siga en esa línea y el euro llegue a 1,60 por dólar habrá desaparecido cualquier posibilidad de recuperación, y probablemente veamos que junto a Grecia algún otro país tenga que pedir rescate. Irlanda y Portugal son los peor situados. España ha conseguido desmarcarse y está algo mejor, aunque está metida en otros líos”.

Roubini nunca ha sido optimista con España. Al inicio de la crisis fiscal griega fue muy duro: “Si cae Grecia es un problema para la UE; si cae España es el desastre”. Ahora rebaja la dosis: “España está mucho mejor que Grecia, y mejor que Irlanda o Portugal. Pero tiene una deuda privada enorme, un paro muy elevado que no va a bajar a medio plazo y un pinchazo inmobiliario en el que los precios aún tienen que caer más. Las pruebas de esfuerzo de la banca fueron muy positivas y la competitividad está mejorando, pero créame si le digo que los ajustes han sido duros pero probablemente tengan que ser aún más severos. Sobre todo si Alemania -con esa manía de la austeridad fiscal- y el BCE -incapaz de ser menos rígido- persisten en sus graves errores. El principal riesgo es la recaída en la recesión o un largo estancamiento, combinado con la deflación: con niveles de endeudamiento público y privado tan altos, eso supondrá suspensiones de pagos en familias, empresas, bancos y, finalmente, Gobiernos”.

Hay quien dice que Roubini es como un reloj parado: con todo lo que dispara, acierta dos veces al día.

El acuerdo entre el ministro de finanzas británico George Osborne y el de Suiza Hans-Rudolf Merz, estipula que Suiza recaudará impuestos para el Reino Unido sobre las cuentas británicas en el país helvético a cambio de que esas cuentas permanezcan anónimas.

Ambos países están negociando los detalles para la implementación de este acuerdo que, desde el punto de vista legal y económico es inusual, en tanto equivale a una amnistía impositiva y entrega a Suiza el papel de virtual recaudador impositivo.

Los recortes son necesarios a corto plazo, cuando se recibe un ataque como el que ha sufrido Europa; otorgan credibilidad y una dosis de la tan manida confianza, una suerte de piedra filosofal para calmar la histeria de los mercados.

Pero los recortes provocan fuertes caídas en la actividad económica. Hasta ahora, los expertos creían a la larga que esa receta acababa insuflando optimismo en la economía. Gracias a la confianza, los consumidores acabarán gastando más, las empresas invertirán, crearán empleo y la economía empezará a funcionar.

Tal vez no: el FMI, empleando una base de datos de ajustes fiscales en 15 países durante 30 años, asegura que los efectos a corto plazo son devastadores, especialmente cuando son varios países a la vez los que aplican la austeridad a rajatabla, como ocurre en Europa. En plata: ya se esperaba una recuperación suave, pero puede que esa salida del túnel se haga a cámara superlenta.

Irlanda ha hecho los deberes. Impuso un plan de austeridad draconiano, incluso cuando la crisis parecía mirar hacia otro lado. Y aun así el agujero de sus bancos es espectacular, el déficit puede sobrepasar el 30% del PIB y los mercados han olido la sangre. El caso portugués es distinto. Hasta ahora no había probado un tijeretazo al estilo español, irlandés o griego: no ha tenido más remedio que hacerlo esta semana, con el riesgo país por las nubes.

Solo España respira con cierto alivio: los recortes han permitido que la deuda no se contagie de esta réplica del terremoto en los mercados. España sigue en libertad vigilada y lleva semanas despegándose de los países atacados. En parte se trata de una cuestión de tamaño: la economía española es poco más o menos el doble que la irlandesa, la portuguesa y la griega juntas, y los problemas en España podrían desencadenar un huracán global.

En mayo, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero vio el infierno (económico). Las autoridades europeas le explicaron que o recortaba drásticamente el gasto o pondría al país al borde de la bancarrota. Zapatero hizo caso, aplicó los recortes sociales más fuertes de la democracia y superó el primer trámite, aunque desenterró el hacha de guerra con los sindicatos.

El 23 de julio se publicaron las pruebas de resistencia sobre el sistema financiero europeo. Sacó la prueba con nota, como ahora reconocen en muchos foros internacionales. Los mercados dejaron de golpear a España. A partir de esas fechas, la prima de riesgo (que mide la diferencia entre lo que se paga por la deuda española frente a la de Alemania) inició un camino relajado -entre los 180 y los 200 puntos- mientras que el indicador de Portugal y el Irlanda no ha dejado de subir. Este indicador es clave porque supone millones de euros en el pago de los intereses de la deuda con la que se financia el Tesoro.

Los expertos coinciden en que el origen de los problemas de España está en el enorme endeudamiento, que le obliga a tener contentos a los inversores internacionales, los que prestan el dinero. En 14 años de bonanza la deuda del Estado, empresas y particulares asciende a 2,7 veces el PIB.

Por eso, hace unos días, Zapatero se reunió con los grandes banqueros y medios de comunicación anglosajones para convencerles de España puede pagar su deuda. José Manuel Campa, secretario de Estado de Economía, hizo lo mismo ante los inversores asiáticos y logró que China se convirtiera en uno de los principales inversores en deuda española. Los grandes banqueros habían pedido al presidente que diera este paso. “Hay que ir a la plaza pública y contar tu historia. No puedes dejar que otros (como la prensa anglosajona), lo hagan por ti porque solo aparecerá su versión”. Esta recuperación de la credibilidad también ha supuesto la apertura de los mercados mayoristas de financiación para la gran banca. Si los inversores compran las emisiones españolas, las entidades podrán volver a dar préstamos y el sistema se engrasará.

España ha gozado de tres meses de alto el fuego y ha comprobado sus ventajas. Pero ahí siguen los problemas de fondo y cualquier día los prestamistas pueden volver a cortar el grifo si dudan de la capacidad de pago porque se incumple lo prometido.

El 46% de los españoles comprenda, tolere o justifique el fraude fiscal. La encuesta ha pasado con más pena que gloria por la delgada urdimbre informativa del profundo agosto, pero fotografía con precisión el desarme moral e intelectual a que se ha visto sometido el compromiso tributario en España.

Después de dos décadas de delitos fiscales y administrativos de la clase política, erosión de la legitimidad de los impuestos directos perpetrada por los propios gobernantes y manipulación despectiva de la estructura fiscal para ganar votos, con centenares de miles de personas físicas que se han convertido en personas jurídicas, no es de extrañar que los ciudadanos supediten la obligación de pagar a Hacienda a “las circunstancias”; si vienen mal dadas, a quien primero hay que dejar de pagar es a la Agencia Tributaria.

Resulta que la tolerancia hacia el fraude crece conforme aumenta la edad productiva, pero hacia la cincuentena el contribuyente ve cada día que pasa con peores ojos la evasión fiscal. No es difícil construir la imagen de asalariados y profesionales que disculpan el fraude mientras sus ingresos y posibilidades de ascenso están en fase ascendente, y la de esos mismos asalariados convertidos a la ortodoxia fiscal conforme se aproxima la edad de jubilación. De nuevo las condiciones materiales condicionan la conciencia.

Nada comparable al modélico ejercicio de autoconocimiento que demuestran los empresarios. El 47% de los españoles declaran que los empresarios defraudan más a Hacienda; bueno, puede ser resentimiento. Pero la encuesta informa que el 35% de los empresarios consultados piensan que sus colegas defraudan más que el resto de los contribuyentes. ¿Lucidez, conciencia de clase o remordimiento? Como diría un jurista, confesión de parte no necesita prueba.

Hace mucho que terminó la era de proclamar que bajar impuestos es de izquierdas. Las subidas son generales en Europa -la crisis obliga-, y España, con una presión fiscal más baja y un agujero considerable en las cuentas públicas, ya ha empezado a transitar por esa senda. El Gobierno acaba de subir el IVA y hace poco retiró la deducción de 400 euros y elevó la tributación sobre el ahorro, tabaco y alcohol; algunas comunidades han empezado a subir su tramo del IRPF a los más ricos, y la desgravación por la compra de vivienda se acaba este año.

España cerró 2008, el último año con datos disponibles, con una presión fiscal que está en los puestos de cola de Europa: el 33% (de cada 100 euros de riqueza que genera, una tercera parte va a parar a las arcas públicas). La media europea está lejos, cerca del 40%, y más aún las cifras de los países con un Estado del bienestar más desarrollado. Con un agravante: esa brecha se ampliará en 2009 y 2010. Los ingresos públicos en España han caído a plomo por la combinación de la crisis económica y el pinchazo inmobiliario. En el resto de Europa, salvo excepciones, ese derrumbe ha sido menos ruidoso.

“Si los ciudadanos quieren unos servicios públicos y unas infraestructuras de primera, debemos tener también unos impuestos homologables a los de Europa”.

Al PP le faltó tiempo para reaccionar. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, calificó a Zapatero de “chupasangres económico e impositivo de las clases medias”. Y señaló que si el PP gana las elecciones los impuestos se mantendrán e incluso bajarán selectivamente “porque cuando hay impuestos bajos, los ciudadanos generan mayor actividad económica y se acaba recaudando más”, pese a que la evidencia empírica demuestra todo lo contrario.

Colorado Springs has made headlines with its desperate attempt to save money by turning off a third of its streetlights, but similar things are either happening or being contemplated across the nation, from Philadelphia to Fresno. Meanwhile in a number of states, local governments are breaking up roads they can no longer afford to maintain, and returning them to gravel. And a nation that once prized education — that was among the first to provide basic schooling to all its children — is now cutting back. Teachers are being laid off; programs are being canceled; in Hawaii, the school year itself is being drastically shortened. And all signs point to even more cuts ahead.

But they wouldn’t be quite as cash-strapped if their politicians were willing to consider at least some tax increases. It could and should be offering aid to local governments, to protect the future of our infrastructure and our children.

But “We must place priority on reducing the deficit”, say Republicans and “centrist” Democrats. And then, virtually in the next breath, they declare that we must preserve tax cuts for the very affluent, at a budget cost of $700 billion over the next decade.

In effect, a large part of our political class is showing its priorities: given the choice between asking the richest 2 percent or so of Americans to go back to paying the tax rates they paid during the Clinton-era boom, or allowing the nation’s foundations to crumble — literally in the case of roads, figuratively in the case of education — they’re choosing the latter.

It’s a disastrous choice in both the short run and the long run.

How did we get to this point? It’s the logical consequence of three decades of antigovernment rhetoric, rhetoric that has convinced many voters that a dollar collected in taxes is always a dollar wasted, that the public sector can’t do anything right. The antigovernment campaign has always been phrased in terms of opposition to waste and fraud. But those were myths, of course; there was never remotely as much waste and fraud as the right claimed. And now that the campaign has reached fruition, we’re seeing what was actually in the firing line: services that everyone except the very rich need, services that government must provide or nobody will, like lighted streets, drivable roads and decent schooling for the public as a whole.

So the end result of the long campaign against government is that we’ve taken a disastrously wrong turn. America is now on the unlit, unpaved road to nowhere.

la parte más importante de los ingresos y los gastos públicos -que son la columna vertebral del Estado de bienestar- la administra el Estado nación (en torno al 40% de PIB), no la Unión (que tiene solo el 1% de PIB europeo en su Presupuesto).

Hace algunos años que los presupuestos de los países más desarrollados (OCDE) vienen sufriendo de insuficiencia fiscal. Ello ha originado un fenómeno protagonista en las haciendas públicas de estos países, como es la apelación estructural y crónica al endeudamiento, o sea, al crecimiento de la deuda soberana. El estallido de esta deuda ha estado a punto de destruir el euro, la eurozona, y, por tanto, buena parte del propio proyecto europeo.

Los Estados reciben ingresos a través de los impuestos y de la deuda pública. Las dos formas en que el Estado obtiene de la sociedad civil los medios para intervenir en la economía y para redistribuir los bienes y servicios públicos.

si estudiamos las series históricas de la OCDE, veremos que, en el periodo 1967-1987, el porcentaje sobre el PIB de los ingresos de los Estados desarrollados -de Europa, América y Pacífico- pasó de un 26,9% a un 36,3% (en Europa, de un 27,7% a un 38,5%). Es decir, que la presión fiscal se elevó 10 puntos, nada menos, en los 20 años de la época dorada de la construcción del Estado de bienestar. En España, el avance llegó a casi los 14 puntos (del 16,9% al 30,7% sobre PIB), porque entramos en la democracia con una hacienda pública mísera, propia de la dictadura franquista.

En el periodo 1987 a 2007, en las que el llamado neoliberalismo o “consenso de Washington” se instaló en la doctrina en el mundo occidental, la media de los ingresos por impuestos de los Estados de la OCDE crecen desde un 36,3% a un 38% del PIB (en Europa, de un 38,5% a un 39,7%). Es un aumento de algo más de un punto de presión fiscal en 20 años. En España el aumento de la presión fiscal es mayor en las dos décadas, subiendo hasta el 33,1% en 2008, seis puntos por debajo de la media europea, porque partíamos de más atrás.

Pero vayamos ahora a la otra gran fuente de ingresos del Estado, la deuda. Y examinemos también esos dos periodos. Desde 1967 a 1987, la deuda pública en los países de la OCDE pasó de representar un 35% del PIB a un 55%, en números redondos (en el área euro la media es similar). Sin embargo, de 1987 a 2007, la deuda en la OCDE salta hasta un 100% (en el área euro hasta un 85%). en solo un año (de 2008 a 2009) la deuda sobre el PIB en la Unión ha pasado del 61,6% al 73,6%, es decir, una variación de 12 puntos (!). En España aumentó 13,5 puntos.

Lo que se desprende de los anteriores datos es que, en los últimos 20 años, los países desarrollados han ido sustituyendo, ante sus crecientes necesidades de financiación, impuestos por deuda. O sea, dinero que no hay que devolver por dinero que engorda las obligaciones del Estado con los acreedores y que aumenta exponencialmente los gastos financieros del Estado.

Creo firmemente que lo que llamaría era del endeudamiento ha terminado, o debe terminar, si queremos que no acabe dañando al propio Estado de bienestar. Si queremos que el Estado de bienestar siga siendo el buque insignia de Europa, hay que volver a plantearnos la problemática de la fiscalidad. Tanto en el ámbito supranacional (tasa sobre transacciones financieras internacionales), como en el ámbito nacional (tasa bancaria, tasa sobre el carbono, impuestos sobre el patrimonio de grandes fortunas). Y ello de forma coordinada en la Unión Europea.

Estados Unidos y Europa estaban de acuerdo en establecer nuevos impuestos a los bancos, según el tamaño y riesgo de sus activos. Y estaban dispuestos incluso a debatir una tasa universal a todas las transacciones financieras. El Fondo Monetario Internacional (FMI) apoyaba estas iniciativas. Pero el consenso de EE UU, UE y FMI, siglas asociadas antaño al monopolio del poder político mundial, ya no basta.

Según cálculos de los socialistas europeos, con un tipo del 0,05% sobre las transacciones financieras podrían recaudarse unos 500.000 millones de euros al año. Pero si no hubo pacto para generalizar impuestos a la banca, mucho menos aún para desarrollar una tasa universal que exigiría la creación de instituciones globales para hacerse cargo de la recaudación y de fijar las necesidades que se financiarían con esos fondos. La esperanza de las ONG de lograr una vía estable de recursos para dotar la ayuda de los países más pobres se esfumó.

La novedad de esta reunión del G-20 es que en el comunicado, y sobre todo, en las declaraciones, da fe de serias divergencias entre los países, sobre todo entre EE UU y Europa.

- Crecimiento ‘versus’ déficit. Para el secretario del Tesoro de EE UU, Timothy Geithner, cualquier plan de ajuste de gasto público debe ser “compatible con el crecimiento”. No es el punto de vista europeo. “El equilibrio presupuestario es un prerrequisito del crecimiento”.

- “Hay acuerdo en que el sector financiero debe compensar por las intervenciones públicas”, dice el comunicado, que asume que los impuestos a la banca “deberán ajustarse a las condiciones y opciones de cada país”. Ante las resistencias, el G-20 opta por dejar manos libres a cada gobierno. De la tasa universal a las transacciones financieras, ni palabra. El G-20 reafirma su compromiso de lograr un acuerdo para elevar las exigencias de capital a la banca este año. Y reitera que se pondrán en marcha a finales de 2012. Pero el matiz es que se hará de forma gradual, según las condiciones y modelo de negocio de la banca en cada país. No podemos hacer todos lo mismo al mismo tiempo.

Quienes asociaron el mal temple de nuestra economía al de Grecia y otros pigs empezaron criticando el excesivo endeudamiento público. El Gobierno reaccionó tarde, recordando machacoNAMEnte que la deuda pública era en 2009 solo el 55,2% del PIB, 20 puntos menos que la de los vecinos europeos. Entonces, fase dos, se adujo que lo peor no era la deuda, sino la velocidad de su aumento: el déficit. Del 11,2%, justo por debajo de Reino Unido. La réplica fue que pese a todo, no crecería más allá del 75% el nivel común en cinco años. En el tercer acto dieron en descubrir que el flanco débil no era la deuda pública, sino la deuda-país. O sea, la suma del endeudamiento de las administraciones, las familias, las empresas y los bancos. Ahí mordieron bien. La deuda total casi cuadriplicaba la producción de un año. O sea, ascendía a unos 3,9 billones de euros, en torno a un 390% del PIB, según estimaciones de AFI. Un horror.

Alguien acaba de desagregar de esa cifra las deudas cruzadas entre los distintos sectores. Juan María Nin, dio la campanada en la jornada anual del Círculo de Economía, en Sitges. La deuda-país global española es solo del 289% del PIB (Reino Unido, el 286%; Holanda, el 284%), sostuvo.

La comparación con ambos países tiene morbo. Reino Unido alumbra los estándares y establece las referencias. Holanda es el copiloto de Alemania en la cruzada por la ortodoxia presupuestaria europea. Pues bien, los datos fríos sitúan a España cómodamente junto a esos dos socios, a quienes nadie pone en la picota.

Si se logra superar el tercer acto, es decir, relativizar el endeudamiento global, llegará el cuarto. De hecho, ya está ahí. El argumento será que el paro y la débil densidad empresarial española prefiguran una recuperación asténica, insuficiente para afrontar las deudas. Quizá. Remando también contra corriente, Miguel Boyer adujo que las exportaciones reales de bienes y servicios entre 1996 y 2005 crecieron en la campeona Alemania un 7,6% acumulativo; seguida de España (6,7%); Francia, y Reino Unido (5,1%); EE UU (4,1%) e Italia (2,4%). España ganó cuota. Y en 2.010 va recuperando.

Vale, dirá Don Pésimo, pero exporta poco en relación con su PIB. Otro espejismo. Salvo Alemania, en que las exportaciones suponen el 47,2% del PIB (datos del Banco Mundial para 2008), los otros van a la par: Reino Unido, 28,9%; Italia, 28,8%; Francia y España, 26,4%.

También con ánimo de molestar, Salvador Alemany cerró Sitges con un discurso a retener para la reforma fiscal pendiente: “La imposición directa no puede estar tan sesgada en perjuicio de las rentas salariales con relación a otro tipo de rentas, protegidas por la dificultad de su control o el temor a su deslocalización”. Porque al cabo, ese sesgo antisalarios “constituye una mayor presión fiscal sobre el tejido productivo”. No lo proclama un pelanas, sino un ejecutivo de postín.