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El plan da la puntilla a la caza científica, que Japón realiza sin apenas controles internacionales; impide que nuevos países se sumen a la práctica (nadie más allá de Islandia, Noruega, Dinamarca y Japón); pone bajo control de la CBI la caza de todas las ballenas (actualmente solo controla la llamada caza aborigen), y fija cuotas para todos los países (que en la actualidad establece cada uno). Los barcos deberían tener observadores internacionales, los mercados controles genéticos, se prohíbe la exportación de carne de ballena y se establece el uso de métodos de muerte lo menos dañinos posibles. Finalmente, el acuerdo crearía un santuario antártico, una zona clave para la reproducción y la alimentación de las principales especies balleneras.

La propuesta evitaría la muerte de 14.000 ballenas en 10 años “si se mantuvieran las cuotas de captura del año 2009”, según sus impulsores, o 3.200 con la media anual de capturas entre 2005 y 2009. La diferencia radica en que la caza científica no ha hecho más que crecer.

La UE reproduce la polarización mundial. Mientras países como Reino Unido o Francia se oponen radicalmente a la caza, Dinamarca ha pedido autorizar la captura de una nueva especie -la ballena jorobada- en Groenlandia. Por eso Dinamarca advirtió ayer de que no puede apoyar la postura europea y que se reserva el derecho a votar por su cuenta.

La negociación es subterránea. Y a menudo turbia, con denuncias de compraventa de votos de los Estados más pequeños y que se juegan poco o nada en la contienda. Según el diario británico The Sunday Times, los Gobiernos de Costa de Marfil, las islas Marshall, Granada o Saint Kitts and Nevis negociaron con Japón la venta de sus votos a cambio de ayuda y prebendas como dinero en efectivo para sus delegados en Agadir.