Los atascos de tráfico cuestan un 1% del PIB y la contaminación por el tráfico en las ciudades provoca cada año la muerte prematura de unas 300.000 personas en la UE.
La Unión Internacional del Transporte Público (UITP) propone mecanismos de tarificación vial basados en dos principios: “quien contamina paga” y “los beneficiarios pagan”. Es decir, que los automóviles paguen impuestos tanto por circular como por beneficiarse de manera indirecta del transporte público, que permite que las carreteras estén menos congestionadas.
Pero al Gobierno de la Comunidad de Madrid no le cuadran las cuentas y quiere cambiar la correlación para que los usuarios paguen el 50%. Considera, según la Consejería de Transportes, que el sistema está “demasiado subvencionado” y no se puede mantener en estos tiempos de recortes.
María Luisa Delgado Jalón, directora de la Cátedra de Ecotransporte, Tecnología y Movilidad de la Universidad Rey Juan Carlos: “La subida de las tarifas es una solución de urgencia que puede entenderse en situaciones de déficit extremas como la actual. Pero los precios están llegando al límite que sugieren las rentas de los ciudadanos y no hay mucho más margen”.
“Las carreteras las pagamos entre todos y nadie cuestiona su coste. ¿Por qué, en cambio, se pide que sea rentable el transporte público?”, se pregunta Juan López de Uralde.
La calidad del transporte público y las conexiones deben mejorar para incentivar el transporte público. La gran mayoría de los europeos (71%) considera que es menos práctico que el coche. Una proporción similar (el 72%) dice que no lo utiliza porque no hay conexiones, el 64% apunta a la escasez de servicios y el 54% menciona la falta de fiabilidad.
Por todo esto, Esperanza Aguirre debería decir algo para demostrar que no es estúpida, que no está intentando demoler el transporte público. O mejor… no, mejor que no diga nada, no vaya a ser que lo aclare definitivamente.
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